A comissão aprovou a inclusão no texto do novo Código Penal de diversas condutas criminosas previstas na Lei 8.666/93. Os juristas aumentaram algumas penas para a conduta de quem dispensa ou inexige licitação, fora das hipóteses previstas em lei. Nesse caso, a pena atual prevista é de três a cinco anos de detenção. Com a inclusão do tipo no Código Penal, a pena será de prisão de três a seis anos.
A ideia da proposta é dar ao juiz uma margem maior de pena para que seja adequada conforme o caso concreto. Outra hipótese contemplada nas alterações é “deixar de observar as formalidades legais pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação quando cabíveis”. A pena será de prisão de um a quatro anos. No entanto, nos casos em que não houver prejuízo concreto à administração pública, o juiz poderá, examinando a culpabilidade do agente, deixar de aplicar a pena por ser desnecessária.
Houve consenso entre os juristas quanto à possibilidade de aumento de pena quando a fraude for cometida à licitação da área da saúde, educação e segurança. A proposta, apresentada pelo ministro Gilson Dipp, deverá ser apreciada na última reunião da comissão, prevista para 28 de maio, segunda-feira. “Saúde, educação e segurança são bens essenciais e merecem uma proteção um pouco maior do que outras áreas”, defendeu.
A mudança pode repercutir na suspensão condicional do processo, já que agravaria a pena para essas hipóteses, podendo inviabilizar a suspensão.
AUMENTA LA PENA POR HACER
UNA OFERTA FRAUDULE
El Comité aprobó la inclusión en el texto del nuevo Código Penal de la conducta penal en virtud de los diversos Ley 8.666/93. Algunos juristas han aumentado las sanciones por la conducta de los que dispensan o inexige licitación fuera de los casos previstos por la ley. En este caso, la sanción prevista es de prisión actuales tres a cinco años ". Con la inclusión de este tipo en el Código Penal, la pena será de prisión de tres a seis años.
La idea de la propuesta es darle al juez un margen más amplio de la pena de ser apropiado, dependiendo del caso. Otra hipótesis está incluido en las enmiendas ", sino observar las formalidades legales relativas a la exención o dispensa de licitación en su caso." La pena será de prisión de uno a cuatro años. Sin embargo, en los casos en que hay perjuicio real para el gobierno, el juez podrá examinar la culpabilidad del agente, de no aplicar la pena como innecesaria.
Hubo consenso entre los juristas acerca de la posibilidad de un castigo mayor cuando el fraude se ha comprometido a la licitación de la salud, la educación y la seguridad. La propuesta, presentada por el Ministro Gilson Dipp, deben ser evaluados en la última reunión del Comité, prevista para el 28 de mayo, lunes. "La salud, la educación y la seguridad son bienes de primera necesidad y merecen protección un poco más que otras áreas", argumentó.
El cambio puede influir en la suspensión condicional del proceso, ya que haría más que agravar la pena por estas hipótesis, lo que puede hacer descarrilar la suspensión.
El Comité aprobó la inclusión en el texto del nuevo Código Penal de la conducta penal en virtud de los diversos Ley 8.666/93. Algunos juristas han aumentado las sanciones por la conducta de los que dispensan o inexige licitación fuera de los casos previstos por la ley. En este caso, la sanción prevista es de prisión actuales tres a cinco años ". Con la inclusión de este tipo en el Código Penal, la pena será de prisión de tres a seis años.
La idea de la propuesta es darle al juez un margen más amplio de la pena de ser apropiado, dependiendo del caso. Otra hipótesis está incluido en las enmiendas ", sino observar las formalidades legales relativas a la exención o dispensa de licitación en su caso." La pena será de prisión de uno a cuatro años. Sin embargo, en los casos en que hay perjuicio real para el gobierno, el juez podrá examinar la culpabilidad del agente, de no aplicar la pena como innecesaria.
Hubo consenso entre los juristas acerca de la posibilidad de un castigo mayor cuando el fraude se ha comprometido a la licitación de la salud, la educación y la seguridad. La propuesta, presentada por el Ministro Gilson Dipp, deben ser evaluados en la última reunión del Comité, prevista para el 28 de mayo, lunes. "La salud, la educación y la seguridad son bienes de primera necesidad y merecen protección un poco más que otras áreas", argumentó.
El cambio puede influir en la suspensión condicional del proceso, ya que haría más que agravar la pena por estas hipótesis, lo que puede hacer descarrilar la suspensión.
Nenhum comentário:
Postar um comentário